Para echar la POTA [Economía y más]
Así estoy del POTA, también conocido como el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Para los que no tengan mucha idea de qué va este rollo, lo resumiré. La Junta de Andalucía ha establecido una ley por la que se regula el marco en el que deben desenvolverse los planes de ordenación de menor rango: los regionales y los municipales. El intento es encomiable, pero ha llegado de forma tardía, ya que la mayor parte de los planes de ordenación urbanística se encuentran en un estado muy avanzado y muchos de los regionales ya están terminados. Es decir, que la lógica dictaba que primero se hubiera aprobado el de la comunidad autónoma y luego los de menor rango. Y no cómo se ha hecho.
Por otro lado, la ley regional establece una limitación general al crecimiento del número de viviendas de un 30% en 8 años, límite de carácter absolutamente arbitrario que sólo responde a la "urgencia política" motivada por los escándalos urbanísticos de diverso tamaño y color político, escándalos que se han venido produciendo desde hace más de una década sin que la administración tutelante (la propia Junta) se diera por enterada en la inmensa mayoría de los casos.
Así que, posiblemente, con la noble intención de echar balones fuera en las cercanías de las municipales, la Junta ha aprobado el POTA en consejo de gobierno, colando de rondón ese límite, junto con otro del 40% de la superficie urbnizada en los mismos 8 años. Mientras, los empresarios de la construcción han montado en cólera y se han movilizado (y han movilizado) a sus instituciones representativas para mostrar su descontento con la norma. El argumento más utilizado: la pérdida de empleo y de PIB, variables que me ha tocado estimar. Craso error.
Ahora me explico. La medida de la Junta es arbitraria puesto que no se puede medir de manera general lo que es y lo que no es razonable en términos del parque de viviendas. Posiblemente en muchos municipios, esa limitación no sea necesaria, puesto que no es viable que lleguen a producirse esas viviendas. Sin embargo, hay zonas de la comunidad autónoma (especialmente en la provincia de Almería –véase el gráfico–) en las que el dinamismo demográfico lleva generando unas necesidades de vivienda que pulverizarán ese límite, provocando un estrangulamiento de la oferta y contribuyendo al incremento de los precios en dichos ámbitos. Por tanto, hubiera sido mucho más razonable imponer límites vinculados al crecimiento demográfico y/o a la disponibilidad de recursos públicos y naturales (agua) para las nuevas viviendas.
Con respecto a los empresarios del sector, cuentan de partida con el marchamo de corruptores, especuladores y sinvergüenzas. Cierto es que no todos responden a esa caricatura, pero no es menos cierto que es normal que los ciudadanos tengan esa imagen de ellos, cuando durante estos años algunos de ellos han abusado del territorio en muchos de los municipios andaluces y españoles. Por eso, cuando hablan de producción y empleo, argumentos económicos, los políticos lo tienen fácil: los especuladores defienden sus beneficios exorbitados (tal y como ha querido decir la consejera del ramo esta misma mañana). Sin embargo, el argumento de la arbitrariedad y un simple vistazo a los gráficos de evolución de los habitantes hablan por si mismos. O, simplemente, dejar claro que no es normal que se contemple la excepcionalidad de la provincia de Málaga... ¿Y eso? ¿Es que Málaga tiene algo que los demás no tenemos? ¿Hay que tratar a Málaga de forma distinta? ¿Acaso Marbella está en Cádiz o en Almería? ¿Por qué lo que es bueno para Almería no lo es para Málaga?
En fin, que el POTA de las narices me tiene hasta las idem.
Por otro lado, la ley regional establece una limitación general al crecimiento del número de viviendas de un 30% en 8 años, límite de carácter absolutamente arbitrario que sólo responde a la "urgencia política" motivada por los escándalos urbanísticos de diverso tamaño y color político, escándalos que se han venido produciendo desde hace más de una década sin que la administración tutelante (la propia Junta) se diera por enterada en la inmensa mayoría de los casos.
Así que, posiblemente, con la noble intención de echar balones fuera en las cercanías de las municipales, la Junta ha aprobado el POTA en consejo de gobierno, colando de rondón ese límite, junto con otro del 40% de la superficie urbnizada en los mismos 8 años. Mientras, los empresarios de la construcción han montado en cólera y se han movilizado (y han movilizado) a sus instituciones representativas para mostrar su descontento con la norma. El argumento más utilizado: la pérdida de empleo y de PIB, variables que me ha tocado estimar. Craso error.
Ahora me explico. La medida de la Junta es arbitraria puesto que no se puede medir de manera general lo que es y lo que no es razonable en términos del parque de viviendas. Posiblemente en muchos municipios, esa limitación no sea necesaria, puesto que no es viable que lleguen a producirse esas viviendas. Sin embargo, hay zonas de la comunidad autónoma (especialmente en la provincia de Almería –véase el gráfico–) en las que el dinamismo demográfico lleva generando unas necesidades de vivienda que pulverizarán ese límite, provocando un estrangulamiento de la oferta y contribuyendo al incremento de los precios en dichos ámbitos. Por tanto, hubiera sido mucho más razonable imponer límites vinculados al crecimiento demográfico y/o a la disponibilidad de recursos públicos y naturales (agua) para las nuevas viviendas.
Con respecto a los empresarios del sector, cuentan de partida con el marchamo de corruptores, especuladores y sinvergüenzas. Cierto es que no todos responden a esa caricatura, pero no es menos cierto que es normal que los ciudadanos tengan esa imagen de ellos, cuando durante estos años algunos de ellos han abusado del territorio en muchos de los municipios andaluces y españoles. Por eso, cuando hablan de producción y empleo, argumentos económicos, los políticos lo tienen fácil: los especuladores defienden sus beneficios exorbitados (tal y como ha querido decir la consejera del ramo esta misma mañana). Sin embargo, el argumento de la arbitrariedad y un simple vistazo a los gráficos de evolución de los habitantes hablan por si mismos. O, simplemente, dejar claro que no es normal que se contemple la excepcionalidad de la provincia de Málaga... ¿Y eso? ¿Es que Málaga tiene algo que los demás no tenemos? ¿Hay que tratar a Málaga de forma distinta? ¿Acaso Marbella está en Cádiz o en Almería? ¿Por qué lo que es bueno para Almería no lo es para Málaga?
En fin, que el POTA de las narices me tiene hasta las idem.
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